En Resumen
- Trump señaló que planea firmar una orden ejecutiva esta semana para proteger a empresas cripto y organizaciones conservadoras de prácticas bancarias discriminatorias.
- La medida instruirá a reguladores examinar violaciones en casos donde bancos terminaron relaciones con clientes por motivos políticos o relacionados con criptomonedas.
- Los expertos advirtieron que la orden podría enfrentar desafíos legales al carecer de base estatutaria clara para regular discriminación política en servicios bancarios.
El presidente Donald Trump se está preparando para firmar una orden ejecutiva tan pronto como esta semana que protegería a las compañías de criptomonedas y organizaciones conservadoras de presuntas prácticas bancarias discriminatorias.
La orden propuesta instruiría a los reguladores bancarios a examinar posibles violaciones de leyes de crédito iguales, estatutos antimonopolio y regulaciones de protección al consumidor en casos en los que las instituciones financieras terminaron relaciones con clientes, según un informe del Wall Street Journal citando fuentes de la administración.
Decrypt informó primero en marzo que Trump planeaba firmar una orden ejecutiva relacionada con criptomonedas dirigida a las políticas de la era Biden que dificultaban la banca para las empresas de activos digitales, aunque esos planes iniciales fueron temporalmente archivados.
El movimiento representa la respuesta regulatoria más significativa de Trump a lo que los críticos han denominado "Operación Chokepoint 2.0", la presunta negación sistemática de servicios bancarios a empresas de criptomonedas y clientes políticamente conservadores durante la administración Biden.
Los bancos que incurran en violaciones podrían enfrentar sanciones financieras y acciones regulatorias, según el borrador de la orden revisado por WSJ.
La orden propuesta hace referencia a incidentes, incluida la decisión de Bank of America de cerrar cuentas de una organización cristiana en Uganda, que el banco dijo que se debió a su política en contra de atender a pequeñas empresas en el extranjero.
La medida también aborda el papel de los bancos en proporcionar información durante las investigaciones del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Trump tiene experiencia personal con la discriminación bancaria, diciéndole a Decrypt en junio que "los grandes bancos fueron muy desagradables con nosotros" durante la presidencia de Biden.
"Los reguladores controlan a los bancos", dijo el Presidente de Estados Unidos, señalando que las agencias federales, no los ejecutivos bancarios, son los verdaderos tomadores de decisiones detrás de la exclusión bancaria.
El borrador de la orden también insta a los reguladores a eliminar políticas internas que puedan haber permitido la exclusión bancaria, y a la Administración de Pequeñas Empresas a revisar los socios bancarios.
Se informa que los bancos han respondido revisando sus políticas para prohibir explícitamente la discriminación política y colaborando con funcionarios estatales republicanos para demostrar cumplimiento.
Mientras tanto, Coinbase continúa batallas legales para exponer presuntos documentos de "Operación Chokepoint 2.0", con el director legal principal Paul Grewal acusando recientemente a la FDIC de obstrucción sistemática a pesar de órdenes judiciales que obligan a revelar la información.
La FDIC ya se ha visto obligada a publicar varios documentos que revelan aparentes esfuerzos para desalentar a los bancos de prestar servicios a empresas de criptomonedas.
Bo Hines, Director Ejecutivo del Grupo de Trabajo Presidencial de la Casa Blanca sobre Activos Digitales, confirmó que se tomarían medidas administrativas, diciéndole previamente a Decrypt que "la industria puede esperar algo en breve".
Si se firma, la orden ejecutiva dirigiría a las agencias federales a desmantelar las políticas internas que permitieron el debanking, referir las violaciones al Departamento de Justicia y revisar cómo la Reserva Federal maneja el acceso a la infraestructura bancaria crítica para las empresas de criptomonedas.
Cuando se le preguntó sobre la autoridad constitucional para tal orden, Alex Chandra, socio del bufete de abogados IGNOS Law Alliance con sede en Indonesia, le dijo a Decrypt que las órdenes ejecutivas solo pueden hacer cumplir las leyes existentes, no crear nuevas protecciones.
"Es una orden ejecutiva, por lo que el presidente solo puede hacer cumplir las leyes existentes, no crear algo de la nada. Por lo tanto, podría ser impugnada si su alcance está fuera de la ley existente", dijo Chandra.
"La falta de definiciones claras en torno a la 'discriminación política' podría dificultar su aplicación", agregó, advirtiendo que la orden podría crear "un terreno resbaladizo donde el gobierno obliga no solo a los bancos, sino a otras empresas privadas a atender a clientes a los que de otro modo rechazarían por motivos reputacionales, de riesgo o éticos".
Chandra señaló que debido a que la afiliación política no es actualmente una clase protegida bajo la ley federal contra la discriminación, afirmó que "el gobierno carece de una base estatutaria clara para regular o penalizar esta práctica".
Dijo que los tribunales podrían considerar que la orden "excede la autoridad del Presidente al crear efectivamente una nueva clase protegida sin acción del Congreso".
"Entiendo la intención del presidente de ampliar el acceso a los principales bancos para todos", señaló Chandra. "Sin embargo, existen riesgos que deben mitigarse, incluido el fraude, el daño reputacional y otros.
"Incluso si las órdenes se promulgan, los bancos encontrarán la manera de deshacerse de los clientes", afirmó.