Por Vismaya V
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Ejecutivos de criptomonedas, investigadores de políticas y expertos en seguridad nacional testificaron el jueves ante un subcomité de la Cámara de Representantes sobre cómo modernizar las leyes contra el lavado de dinero para una era de IA y activos digitales.
El Subcomité de Seguridad Nacional, Finanzas Ilícitas e Instituciones Financieras Internacionales del Comité de Servicios Financieros de la Cámara celebró una audiencia sobre la Modernización de la BSA para los Delitos Financieros en el Siglo XXI, revisando la Ley de Secreto Bancario, la ley de 1970 que exige a los bancos e instituciones financieras reportar actividades sospechosas y transacciones de gran volumen.
La audiencia se realizó mientras empresas cripto, bancos y grupos de libertades civiles presionan para reorientar la BSA hacia inteligencia procesable en lugar del volumen de reportes, mientras la administración Trump amplía su alcance sobre clientes no ciudadanos.
Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, al testificar ante el Subcomité, informó a los legisladores que Corea del Norte robó más de $2.000 millones en activos digitales en 2025 y otros $600 millones a principios de 2026, mientras que las redes de pig butchering despojaron a estadounidenses de más de $35.000 millones el año pasado.
Redbord advirtió que la actividad de estafas impulsada por IA aumentó un 500% en el último año, mientras que los fondos ilícitos ahora se mueven entre billeteras en un lapso de 24 a 48 horas, comprimiendo las ventanas de respuesta al punto en que "los marcos de reporte retrospectivos son estructuralmente incapaces de generar una respuesta a tiempo", dado que "el marco que nos ayudó a ganar ayer no será suficiente para ganar hoy".
La Ley de Secreto Bancario es la columna vertebral de la legislación antilavado de dinero de Estados Unidos, y exige a bancos y empresas cripto registradas como negocios de servicios monetarios presentar reportes de actividad sospechosa, reportes de transacciones en efectivo por montos superiores a $10.000 y verificar la identidad de sus clientes.
El presidente del Subcomité, Warren Davidson (R-OH), abrió la sesión calificando a la BSA como una "máquina de vigilancia inflada que exige informes interminables sin generar resultados proporcionales", señalando que las instituciones presentan casi 5 millones de SARs y 21 millones de CTRs anualmente.
Redbord propuso el reconocimiento formal para las unidades de inteligencia financiera de stablecoin como la T3 FCU, una colaboración entre Tether, TRON y TRM que ha congelado más de $450 millones en USDT ilícito desde septiembre de 2024, y una "ley de retención de activos digitales" que otorgue a los exchanges un puerto seguro legal para congelar fondos sospechosos a la espera de revisión por parte de las autoridades.
Asimismo, señaló que las instituciones deben mantener "la menor cantidad de información posible sobre un cliente individual para tomar una decisión" sobre riesgos ilícitos, advirtiendo que cada nueva base de datos es "un señuelo" para grupos de ransomware y hackers estatales.
Durante la audiencia, Nicholas Anthony, investigador del Cato Institute, afirmó que el problema de la BSA no era la ineficiencia sino la vigilancia en sí misma, señalando que "la historia de la vigilancia financiera ha sido una historia de objetivos en constante movimiento", desde la aplicación tributaria hasta el "fraude y la inmigración", y planteó opciones que van desde ajustar los umbrales por inflación hasta derogar completamente el régimen de la BSA.
John Court, asesor jurídico general del Bank Policy Institute, respaldó la reforma en lugar de la derogación, calificando la propuesta de norma AML del Tesoro como "una gran mejora" y abogando por umbrales de reporte más elevados, presentaciones más simples, supervisión basada en riesgos y aprobación explícita para que los bancos utilicen IA en el monitoreo de transacciones.
Carole House, investigadora sénior del Atlantic Council, se opuso a recortes profundos al marco normativo, advirtiendo que reducir la carga de cumplimiento no debe hacerse a costa de "abrir la puerta a adversarios que buscan perjudicar a los estadounidenses y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos".
La IA fue un punto de consenso entre la mayoría de los testigos.
Davidson, Redbord, Carole House y Court respaldaron un uso más amplio del machine learning y la IA en el monitoreo de transacciones. Redbord fue el más enfático, diciéndoles a los legisladores que "las herramientas de investigación con IA pueden comprimir semanas de análisis manual en minutos", y pidió financiamiento federal para herramientas de investigación nativas de IA en el IRS-CI, FinCEN, OFAC, FBI, DEA, Secret Service y HSI.
La audiencia tuvo lugar apenas días después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que instruye a los reguladores a reforzar los requisitos de debida diligencia e identificación de clientes bajo la BSA, al tiempo que amplía el escrutinio sobre la titularidad de cuentas y los riesgos financieros asociados con la aplicación de las leyes de inmigración.
La orden instruye al Tesoro a endurecer las normas de debida diligencia de clientes de la BSA y a marcar los riesgos vinculados al uso de ITIN, salarios no declarados e identificaciones consulares extranjeras, al tiempo que solicita a la CFPB que evalúe los posibles riesgos de deportación en las decisiones crediticias.
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